El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita en el marco de la causa conocida como “cuadernos de las coimas”, que investiga el supuesto pago de retornos vinculados a la obra pública durante el kirchnerismo.

Además, le trabó un embargo por $ 4.000 millones y elevará el pedido de desafuero de la legisladora nacional por Unidad Ciudadana al Senado, en busca de efectivizar su prisión preventiva. Esa decisión debe ser revisada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Bonadio entendió que la asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios de la obra pública comenzó en mayo de 2003 con la llegada de Néstor Kirchner y que con su muerte en 2010 el lugar lo ocupó su esposa y sucesora, Cristina Fernández, y continuó hasta el final de su mandato en diciembre de 2015. Y apuntó que se hacía a través de los funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido.

Así surge de la resolución de 551 páginas en las que el magistrado analizó la situación de los ex mandatarios, ex funcionarios y empresarios. El juez reseñó 87 entregas de dinero del funcionario de Planificación Roberto Baratta a Daniel Muñoz, secretario privado de los Kichner, en el domicilio del matrimonio en Uruguay 1306. Fueron coimas pagadas por los empresarios Luis Betnaza, Enrique Pescarmona, Gerardo Ferreyra y Juan De Goycoechea, entre otros.

Con el fallecimiento de Kichner, “únicamente cambió el sistema de recaudación, ya que dejaron de llevar bolsos con dinero a Uruguay 1.306 de esta ciudad, pero las empresas continuaron entregando dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, manteniendo como destinataria final a Cristina Elisabet Fernández”.

El juez agrega en la acusación que “la base central” de la jefatura de Cristina en la asociación ilícita fueron las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Baratta, y las declaraciones de ex funcionarios y de empresarios arrepentidos que dieron cuenta de que el dinero de las coimas tenía como “destinatarios finales” a los Kirchner.

Según fuentes judiciales, el magistrado también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y a sus subalternos Roberto Baratta y José López. La medida alcanza además a los empresarios Ángelo Calcaterra (primo hermano del presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Gerardo Ferrerya, Luis Betnaza, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Néstor Otero, entre otros.

La decisión de Bonadio se concretó horas después de que Cristina lo acusara, en un video publicado en Youtube, de “romper todo” en su casa de El Calafate durante los últimos allanamientos.

Según datos dados en su momento por el propio juez, el expediente acumula “32 cuerpos de actuaciones y voluminosa documentación”, al tiempo que se realizaron 70 allanamientos y secuestraron unos $ 6 millones y poco más de U$S 1 millón.

En la causa fueron indagadas 52 personas y hubo 26 detenidos, de los cuales 11 recuperaron su libertad. 17 imputados declararon en calidad de “arrepentidos” y se resolvieron “15 acuerdos de homologación en forma positiva”.

Prueba principal

En mismo arranque de la resolución, el juez Bonadio legitima la prueba que cuestionaron varios letrados, y que fueron “la base” de las investigaciones y procedimientos. “Si bien en el marco de la presente causa no se encuentran incorporados los originales de los ‘cuadernos’, en los cuales obran las anotaciones efectuadas por Oscar Centeno, existen múltiples elementos que permiten corroborar tanto su existencia, como así también la veracidad de las anotaciones realizadas”.

Luego, para calificar a la ex presidenta como jefa de la asociación ilícita, el juez evaluó entre otras declaraciones, la del ex secretario de Obras Públicas, José López. Ya como arrepentido, dijo que en sus declaraciones anteriores no dio detalles “por temor” a Cristina. “Es una persona muy vengativa y a quien conozco hace mucho tiempo, como dije, por temor a ser descubierto o delatado; temo por mi vida y por la de mi familia”, aseguró. Así, incriminó a la ex presidenta, al afirmar que los bolsos que iba dejar en el convento de General Rodríguez -cuando fue arrestado- “era dinero de Cristina”.

Las penas

Al respecto, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la senadora, rechazó esa versión de López con cuatro palabras: “es obvio que no”. Y agregó: “a mí me inventaron no sé cuántas tapas diciendo que tenía millones de dólares con Nilda Garré en Estados Unidos… A esta altura de la situación hay que tener mucha paciencia porque los factores de poder juegan en la Argentina que estamos viendo hoy”.

En cuanto a la pena que podría afrontar la ex mandataria en este caso, el Código Penal especifica que al delito de asociación ilícita se le castiga con 3 a 10 años de cárcel, mientras que por cohecho (tanto para el que recibe como el que coimea), se castiga con entre 1 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público. (Clarín/La Nación/DPA/Parlamentario/Perfil/Infobae)